EL SALVADOR.- El 13 de noviembre, el Juzgado 2° de Instrucción de San Salvador inició con la audiencia preliminar en el caso de la masacre Jesuitas tras «un recurso de nulidad presentado por un defensor». En este, son acusados exempleados públicos y altos mandos militares.
Este día, el juez admitió la prueba documental, pericial y testimonial tanto de la Fiscalía General de la República como de la defensa técnica de los procesado.
En ese sentido, se resolvió enviar a juicio a ocho personas acusadas del delito de asesinato y actos de terrorismo, en perjuicio de los seis sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y sus dos colaboradoras, hecho ocurrido el 16 de noviembre de 1989 durante el conflicto armado.
También, resolvió auto de apertura a juicio para otros tres acusados del delito de fraude procesal y encubrimiento personal, y sobreseyó a todos los imputados del delito de preposición y conspiración para actos de terrorismo.
Los enviados a juicio por asesinato y actos de terrorismo son: Alfredo Félix Cristiani Burkard, el expresidente de la República, y los exmilitares retirados Juan Rafael Bustillo Toledo, Juan Orlando Zepeda Herrera, Rafael Humberto Larios López, Carlos Camilo Hernández, Nelson Iván López López, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Inocente Orlando Montano Morales.
Al exdiputado, Rodolfo Antonio Parker Soto, y los exmilitares Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía, por los delitos de fraude procesal y encubrimiento personal. En el caso de Camilo Hernández fue sofreído definitivamente por el delito de actos de terrorismo.
En el mismo caso, se decretó la orden de detención provisional y petición de difusión roja para el expresidente de la República, Alfredo Cristiani; el exdiputado, Rodolfo Antonio Parker, así como para los militares retirados Rafael Bustillo Toledo, Joaquín Cerna Flores y Juan Orlando Zepeda.
La FGR afirmó tener «abundantes evidencias» para que los procesados sean enviados a juicio.
Tras la audiencia, el juez dijo que existe la posibilidad de que hubo crimen de lesa humanidad y crímenes de guerra, procesos que serán abordados en el juicio. Los imputados que se hicieron presentes a la audiencia (quienes no tienen difusión roja) deben presentarse a firmar una vez al mes y no puede salir del país.
La FGR reabrió en 2022, el caso del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, ocurridos en 1989.
El caso fue reabierto luego de la decisión de la Sala de la Corte Suprema de invalidar un sobreseimiento a los militares implicados.
El 13 de junio de 2023, el titular de la FGR, Rodolfo Delgado, anunció que se presentó el dictamen de acusación contra los involucrados en la masacre de los jesuitas. Es decir, la FGR concluyó con las primeras investigaciones y se presentaron al juez, por lo que, se solicitó que el caso pasara a la vista pública.
«Estamos en una situación en donde hemos logrado establecer que la masacre fue planificada al interior del Estado Mayor», declaró Delgado.
Seguidamente, Delgado afirmó que transcurridos 35 años de los hechos, lo que ha ocurrido con las investigaciones previas a la de su gestión, son «un remedo de proceso» y que estas, solo estarían buscando que «alguien pagara por esos asesinatos», tratando así, «de lavar la imagen de quien fue el autor intelectual», refiriéndose al expresidente Alfredo Cristiani.
En ese contexto, a siete días de las declaraciones de Delgado, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador emitió una nueva orden de captura contra Cristiani ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), de quien hasta noviembre de 2024, no se ha reportado sobre la ubicación del expresidente de El Salvador.
¿Qué ha pasado con la investigación? La FGR, según Delgado, obtuvo documentos que sirvieron para la redacción del informe de la Comisión de la Verdad, escritos que habían sido destruidos, pero de los que había una copia. También, Delgado afirmó que se comprobó la existencia de comunicaciones entre Cristiani e Ignacio Ellacuría. «En las conversaciones, él le dice que venga al país y que no le va a pasar nada. Posteriormente, se ejecutó la acción militar contra los jesuitas», reveló. Asimismo, aseguró que hubo intentos de soborno de las personas que se vieron involucradas en los hechos y de quien habría proporcionado el arma homicida.
«Por años, tantas voces nacionales e internacionales reclamaron justicia en el caso jesuitas», afirmó Delgado. Es así que, se programó la audiencia preliminar en el caso Jesuitas para que se desarrolle desde este 11 al 15 de noviembre.
¿Qué pasó ese 16 de noviembre de 1989?
La madrugada de ese día, en medio de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador, efectivos del ahora proscrito batallón Atlacatl, cometieron el asesinato en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).
Las víctimas fueron Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el salvadoreño Joaquín López, la cocinera Elba Ramos y su hija Celina.
En 1991, un Tribunal de San Salvador juzgó a nueve militares que figuraban como autores materiales sin tomar en cuenta a los autores intelectuales, según organismos humanitarios. Se trataría de militares de alto rango de la época.
El Tribunal Supremo de España confirmó la sentencia que condenó a 133 años y cuatro meses de prisión al excoronel y exviceministro de Seguridad.