Al momento de mencionar cada uno de los delitos, el ministerio público hizo un desglose en el cual solicitó 30 años de cárcel por asesinato, tres por privación de libertad y la misma cantidad de años por asociaciones ilícitas.
En su ponencia, los fiscales especializados en investigación de delitos cometidos durante el conflicto armado, le resumieron al tribunal de una forma clara y precisa la supuesta conducta delictiva que tuvo cada uno de los imputados y que debe de llevar a una sentencia condenatoria.
Pidieron que se tome en cuenta la declaración de los tres testigos que llegaron a rendir su declaración, entre ellos uno con régimen de protección quien certificó la forma en la que se ejecutó el crimen catalogado por el ministerio público como de lesa humanidad.
Los abogados defensores han sostenido que la Fiscalía no ha logrado acreditar ningún delito y que los procesados hayan tenido participación alguna, que no hay caso para que el tribunal emita un veredicto de carácter condenatorio.
Los enjuiciados son: Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García y los prófugos, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio.
Según la acusación el asesinato ocurrió en el cantón San Marta, distrito de Victoria, Cabañas, cuando los exguerrilleros del FMLN que integraban la Resistencia Nacional (RN), planificaron asesinar a la mujer a quien señalaron de ser una colaboradora de la Fuerza Armada, la sacaron de su casa y la trasladaron a un campamento de la RN, donde habría sido torturada por dos semanas antes de asesinarla.